Hay regiones que no desembolsan los recursos, mientras que otras, que sí invierten, no reducen la ola de criminalidad que golpea la zona.
Entre enero y julio de este año, se registraron 15,989 denuncias por extorsión, 37,096 por robo, 101,560 por hurto, 1,546 por homicidio, 930 por secuestro y 20,979 por estafa, según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol). Estas cifras son un reflejo de la inseguridad que golpea al país y la falta de eficacia para acabar con este flagelo.
Pese a los números tan alarmantes, hay regiones que registran un lento avance en la ejecución de proyectos de inversión para orden interno y seguridad. Por ejemplo, el Gobierno Regional de Lima, que tiene un presupuesto de S/247,171 y solo ha desembolsado el 8.1%; o Cajamarca, con más de S/55 millones, un desembolso de apenas el 5.3%.
Pero también tenemos otras zonas que sí registran avances, aunque eso no se ve reflejado en la reducción de esta problemática. Por ejemplo, Piura, donde la criminalidad se está desbordando, registra un avance del 81.1% en la ejecución de sus recursos para proyectos de inversión de orden interno y seguridad, pero las denuncias por extorsión se han incrementado en 56%.
Por eso, en el marco del debate del presupuesto del próximo año, es necesario analizar cómo impulsar la ejecución y mejorar la eficacia del uso de esos recursos. Para el profesor de Economía Carlos Casas, de la Universidad del Pacífico e investigador CIUP, si bien lo que se necesita es una mayor ejecución, también es necesario que se utilice adecuadamente el monto que se designa a los gobiernos subnacionales, de manera que puedan contribuir con la reducción de la criminalidad.
Por su parte, el exministro del sector y primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, advirtió que hay autoridades regionales que derrochan recursos, por lo que indicó que es necesario que el Gobierno central “ayude a la gestión de los gobiernos subnacionales”, de manera que aprendan a manejar el dinero público.
